Una investigación judicial sobre un convenio de USD 943 millones entre el Gobierno de Guatemala y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) ha paralizado un mecanismo de compra de medicamentos que generó ahorros significativos para el Estado. La denuncia, que se encuentra bajo reserva en el Ministerio Público, ha generado cautela en el Ejecutivo, deteniendo la adquisición de insumos hospitalarios a través de este canal internacional.
La situación salió a la luz cuando el Contralor General de Cuentas, Frank Bode, confirmó la existencia de una denuncia en el Ministerio Público. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Currichiche, habría solicitado una auditoría especial sobre el convenio, y aunque la Contraloría no encontró irregularidades, la investigación penal sigue activa.
Puntos Clave
- Un convenio de USD 943 millones con UNOPS para comprar medicamentos está bajo investigación de la FECI.
- La Contraloría General de Cuentas realizó una auditoría especial a petición de la FECI pero no encontró hallazgos.
- El mecanismo de compra a través de UNOPS generó un ahorro del 40% en 2024, pero no se ha utilizado este año debido a la investigación.
- Fuentes señalan que la denuncia podría incluir al presidente Bernardo Arévalo, aunque la Presidencia tiene poca información al respecto.
- Expertos y funcionarios defienden el convenio por su transparencia, eficiencia y ahorro, mientras critican la rigidez de la normativa local frente a acuerdos internacionales.
El Origen de la Controversia
La semana pasada, el diputado Duay Martínez, del partido VAMOS, cuestionó públicamente al Contralor General de Cuentas, Frank Bode, sobre el estado de la auditoría al convenio firmado en mayo de 2024 con UNOPS. La respuesta de Bode fue concisa y reveladora: “Está bajo reserva en el Ministerio Público la denuncia”.
Información obtenida por medios locales indica que la FECI activó el caso a pesar de que la auditoría especial que solicitó a la Contraloría no detectó hallazgos o irregularidades. La Contraloría no ha ofrecido declaraciones adicionales sobre el tema.
Fuentes cercanas al Ejecutivo han sugerido que la denuncia involucra al presidente Bernardo Arévalo y al exministro de Salud, Óscar Cordón. Al ser consultado, Santiago Palomo, Secretario de Comunicación de la Presidencia, declaró que el Gobierno posee “poca información” sobre los detalles del caso.
Impacto en el Sistema de Salud Pública
El principal efecto de esta investigación ha sido la paralización del mecanismo de compra internacional. Una fuente gubernamental afirmó que la presión ejercida desde la Fiscalía, el Congreso y la propia Contraloría ha provocado que el Ejecutivo detenga el uso del convenio con UNOPS.
Ahorro Significativo Detenido
En 2024, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ejecutó Q250 millones a través del acuerdo con UNOPS, lo que resultó en un ahorro estimado del 40% en comparación con los precios del mercado local. Este año, el MSPAS no ha utilizado este canal de compra, dejando de gestionar adquisiciones que podrían haber alcanzado los Q350 millones.
El actual ministro de Salud, Óscar Barnoya, ha matizado la situación. “No dependemos de UNOPS; ahorita estamos haciendo el plan de compras para definir el monto y qué es lo que queremos comprar, enfocados en equipo y medicamentos de alto costo”, explicó. Barnoya también recordó que se trata de un convenio multianual y no es obligatorio realizar compras cada año.
Defensa del Modelo UNOPS
Diversos expertos y funcionarios han defendido las ventajas del acuerdo, destacando la transparencia y la eficiencia como pilares fundamentales. Andrea Cavalruso, director de UNOPS en Guatemala, se mostró sorprendido por la denuncia y explicó el funcionamiento del mecanismo.
“Guatemala firmó un acuerdo marco con varias agencias de Naciones Unidas, donde acepta que existen normativas diferentes a las propias... Todos los precios que obtuvimos están en nuestra página web, la gente puede ir a ver cuánto nos cuesta a nosotros el medicamento y hacer la comparación cuánto le está costando al ministerio”.
El abogado Gabriel Orellana, quien fue consultor del Seguro Social durante una controversia similar, señaló que el problema radica en la rigidez de la Contraloría al intentar aplicar normativas nacionales a acuerdos regidos por el derecho internacional.
Compras Descentralizadas y Sobreprecios
La diputada Evelyn Morataya ha denunciado casos concretos que ilustran las consecuencias de no utilizar un sistema centralizado. Según la congresista, el área de Salud de Huehuetenango está comprando inmunoglobulina al doble del precio que se conseguiría a través de UNOPS.
El ministro Barnoya reconoció este problema: “En efecto, es parte de lo que poco a poco tenemos que recuperar; que el sistema puede hacer compras centralizadas en lugar de comprar por unidades ejecutoras”. Añadió que el abastecimiento de medicamentos específicos siempre representa un desafío.
¿Cómo Funciona el Mecanismo UNOPS?
El modelo de compra a través de UNOPS permite al Estado adquirir medicamentos e insumos médicos directamente de fabricantes internacionales a gran escala. Esto elimina intermediarios locales, que a menudo elevan los precios, y garantiza la calidad de los productos. El objetivo es optimizar los recursos públicos y mejorar el abastecimiento en la red hospitalaria nacional.
Análisis de la Denuncia
La auditora y excandidata a Contralora, Vilma Xicará, ofreció una perspectiva técnica sobre la denuncia y el impacto del convenio. “Se evitó pagar el sobrecosto con todos los intermediarios guatemaltecos que revenden la medicina y se recibieron los insumos directamente desde UNOPS”, afirmó Xicará, resumiendo el principal beneficio del acuerdo.
Sobre la base de la denuncia, Xicará expresó su extrañeza. “Están atacando el convenio directamente porque denuncian los USD 943 millones, pero no se puede denunciar algo que no ha ocurrido si en este momento solo se han desembolsado Q243 millones”, argumentó. Este punto sugiere que la acción legal podría estar dirigida contra la totalidad del monto del convenio, aunque solo una fracción se ha ejecutado.
Mientras la investigación continúa bajo reserva, el sistema de salud pública enfrenta el dilema de volver a métodos de compra menos eficientes y más costosos, o esperar la resolución de un caso que, por ahora, ha frenado una iniciativa de ahorro y transparencia para el Estado.
